La grave situación económica del país dio lugar a que, a finales de 1999, se inicie un éxodo que llevó a aproximadamente a 200.000 ecuatorianos -principalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios- a abandonar el país con destino a Europa. El 9 de enero del año 2000, el entonces presidente constitucional, Mahuad, luego de 17 meses en el ejercicio del cargo y ante la devaluación acelerada del sucre, anunció dolarizar
Los sucesos se precipitaron y el 21 de enero del mismo año, cuando, apoyados por indígenas que habían llegado a Quito para protestar contra el gobierno y en colaboración de oficiales del Ejército, Antonio Vargas Huatatoca -líder de
Luego de este Golpe de Estado, el general Carlos Mendoza Poveda -Ministro de Defensa de Mahuad- reemplazó al coronel Gutiérrez en
Principales acciones de gobierno
Se dio la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado. La Trole I legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia con el sucre por un período de seis meses, a cuyo término, el 9 de septiembre de 2000, se produjo la desaparición de la moneda local tras 116 años de existencia y su sustitución por la divisa estadounidense. La Trole I introdujo además el “trabajo por horas” y la “unificación salarial”.
Para el Gobierno, la Ley Trole II tenía como propósito promover los cambios indispensables para la Modernización del Estado a través de un nuevo ordenamiento jurídico, que permitía lograr la reactivación de la economía nacional. Pero tanto la Trole I y al II eran compromisos que el gobierno cumplía con los organismos internacionales de crédito; Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo, entre otros. Los objetivos eran:
Estimular la voluntad de los inversionistas privados para efectuar inversiones en beneficio de los sectores de poder económico y político. Incentivar las privatizaciones, fortalecer el mercado de capitales para favorecer a los sectores financiero y bancario y hacer cambios en las relaciones laborales.
La soberanía y los intereses del país se vieron afectados porque la Ley no le permitía determinar al Estado sobre qué área se estaba entregando la concesión, -en el caso de las mineras- si era una zona de fragilidad ambiental o social. Este marco jurídico dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras incluso se declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional.
Estrategias de Comunicación Política
No hay comentarios:
Publicar un comentario